Imagen de Lorenza Valloto

En julio de 2026, alumnas de dos colegios secundarios dependientes de la UBA descubrieron que sus compañeros vendían fotos de ellas desnudas, hechas con inteligencia artificial. No era la primera vez que pasaba.

Lo que encontraron

Las alumnas de segundo año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini se enteraron que un compañero había creado en una carpeta de Drive, un catálogo con fotos, sus nombres y un precio. Algunas imágenes tenían sus caras pegadas con IA sobre cuerpos desnudos. Otras partían de fotos reales, sacadas de sus propias redes, y desnudadas con una aplicación. Los packs se vendían a mil pesos. Del otro lado había compañeros del Pellegrini y del Colegio Nacional de Buenos Aires, unos cincuenta chicos, la mayoría de 13 y 14 años.

Cuando las chicas volvieron al colegio, no quisieron entrar al aula con ellos. Hubo gritos, sentadas, y esa misma semana apareció un mensaje escrito en un banco: «Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas». A los chicos señalados los esperaban afuera para tirarles huevos, y sus padres tuvieron que ir a retirarlos. Es la reacción que le queda a una niña de catorce años cuando no tiene ninguna herramienta institucional real para defenderse: el huevo, no el protocolo. No la justicia.

Ofelia Fernández (periodista e investigadora, exalumna del propio Pellegrini) le dedicó una columna al tema en Industria Nacional (Futurock), y compartió también el testimonio de una alumna del Normal 1 de CABA, donde se habría producido una situación similar. Según ese relato, las alumnas afectadas debían seguir asistiendo a clase, mientras que a los chicos señalados se les habría permitido cursar virtualmente «para protegerlos».

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la unidad especializada en delitos informáticos de la ciudad, dijo algo que debería doler más de lo que suena en una entrevista de radio: no es la primera denuncia de este tipo que recibe. Reciben este tipo de casos todo el tiempo. Este llegó a los diarios porque el colegio tenía apellido ilustre.

No era la primera vez

En octubre de 2024, en el Colegio Agustiniano de San Martín, un alumno de 15 años montó el mismo negocio: robó fotos de Instagram de al menos 22 compañeras de entre 13 y 17 años, las desnudó con IA y las vendió por Mercado Pago. Un compañero se hizo pasar por comprador para conseguir su nombre real y avisar a las víctimas. Las familias denunciaron. El colegio respondió que el hecho había ocurrido «fuera del establecimiento» y que no podía hacer nada.

Dos años después, en el Pellegrini, la respuesta institucional fue la misma: comunicados, talleres de ciudadanía digital, «canales de escucha». Varias familias la calificaron de tibia. Chequeado documentó, además, casos similares en Córdoba, Río Negro, Chaco y la provincia de Buenos Aires. El patrón ya se conocía. Nadie construyó nada con esa experiencia.

No solo Argentina…

Estados Unidos tuvo su propio caso en 2023, en la Westfield High School de Nueva Jersey: un grupo de alumnos varones fabricó desnudos falsos de más de una docena de compañeras y los circuló por chats grupales. No existía entonces ninguna ley federal que penara específicamente crear ese contenido. En 2025, Estados Unidos aprobó la Take It Down Act, que obliga a las plataformas a bajar imágenes íntimas no consentidas (incluidos los deepfakes) dentro de las 48 horas de notificadas. La ley llegó, previsiblemente, después de los casos, no antes: en Pensilvania, dos adolescentes que habían fabricado 350 desnudos falsos de compañeras recibieron libertad condicional.

Corea del Sur fue más lejos, aunque también tarde. Después de que se conociera que miles de estudiantes circulaban imágenes de compañeras por canales de Telegram, hubo protestas masivas en 2024: mujeres marchando con máscaras, denunciando complicidad estatal. La ley que salió de esa presión no castiga solo crear o distribuir el contenido: también penaliza verlo o poseerlo, con hasta tres años de cárcel. Es, hasta ahora, la legislación más severa del mundo en la materia, y llegó porque la sociedad se movilizó, no porque el Estado se adelantó.

Ningún país descubrió esto antes de que pasara. La diferencia entre Argentina y estos casos no es la novedad del problema. Es lo que hace después. En Estados Unidos y Corea del Sur, el escándalo produjo una ley específica. En Argentina produjo un comunicado y, dos años más tarde, otro comunicado.

Mercantilizando a las compañeras

Hay algo en el caso argentino que no aparece igual en los otros: la lógica de venta. No es una carpeta que circula gratis entre pares, ni una humillación pensada para viralizarse. Es un catálogo con precio. Ofelia Fernández hace bien en insistir ahí: la pregunta no es solo qué hace la tecnología, es qué hace una sociedad que decide que casi cualquier cosa puede convertirse en mercancía. Si vender un riñón te da ingresos, vende tu riñón. Si vender un pack de fotos de una compañera de catorce años genera demanda, alguien lo va a ofrecer. La tecnología no inventó esa lógica.

Esto no exime a ningún otro país de responsabilidad (Corea del Sur y Estados Unidos tienen sus propios mercados de contenido no consentido, documentados y grandes), pero en el caso argentino la mercantilización aparece con una franqueza casi administrativa: precio de lista, medio de pago, catálogo. Eso dice algo sobre qué entra en la lógica del pensamiento y qué no.

El peligro de prohibir

Mientras esto pasaba en Buenos Aires, Francia aprobaba esta misma semana una ley que prohíbe las redes sociales a menores de quince años y los celulares en los colegios secundarios. Es una medida real, con votos, con fecha de entrada en vigencia. Pero conviene no confundir una señal fuerte con una solución específica: prohibir el acceso a una plataforma no impide fabricar una imagen con una aplicación de edición, y probablemente empuje la práctica hacia rincones menos regulados y más difíciles de rastrear, no hacia su desaparición. Australia ya lo mostró con su propia prohibición para menores: la gente encuentra la puerta de atrás.

El problema de fondo no es que los chicos tengan redes. Es que un grupo de compañeros decidió que fabricar y vender el cuerpo de otra persona era una opción disponible, y que el colegio, la familia y el Estado tardaron en decirles que no lo era. Ninguna prohibición de acceso resuelve eso. Hace falta, además, protocolo escolar con consecuencias reales, marco legal específico y acompañamiento a las víctimas que no dependa de que el caso llegue a los diarios porque el colegio tiene nombre conocido.

La crisis no es de los pibes

Ofelia Fernández: activista, exdirigente estudiantil y política argentina

Ofelia lo dice de una manera que vale la pena repetir: esto no es una crisis de los pibes. Es una crisis del mundo adulto. Los chicos que arman el catálogo aprendieron en algún lado que el cuerpo de una compañera es algo que se puede vender. No lo inventaron solos, a los trece años, de la nada. Y el colegio que protege más el regreso a clase de los acusados que la angustia de las denunciantes (algo que se repitió en San Martín en 2024 y en el Pellegrini en 2026, casi con las mismas palabras) tampoco improvisa esa respuesta: la aprendió en una cultura institucional que todavía no sabe, o no quiere, poner el cuidado de la víctima antes que el orden del aula.

Nos pasamos pocos pueblos

Conviene decir esto sin anestesia: el 99% de las víctimas de pornografía generada con IA son mujeres. No es una desviación del sistema. Es el sistema funcionando como fue entrenado a funcionar, sobre cuerpos de actrices, cantantes, vecinas, compañeras de curso (el objetivo cambia, la lógica es la misma). Y dentro de esa mayoría hay un motivo concreto por el que las menores se llevan la peor parte: la facilidad. Una aplicación gratuita, una foto de Instagram y tres minutos bastan para producir lo que antes exigía intención, tiempo y algo de destreza técnica. Ahora cuesta poco, se fabrica a gran escala, y a esa edad hay cuentas abiertas, fotos de la playa y un perfil pensado para compartir, no para protegerse.

Hay algo en esto que va más allá del delito puntual, y tiene que ver con el momento en el que ocurre. A los catorce años, se están construyendo las primeras relaciones (los primeros novios, las primeras confianzas depositadas en alguien que no es de la familia). Es la edad en la que una chica aprende, por primera vez, qué significa confiarle algo íntimo a otra persona. Cuando esa confianza se convierte en materia prima para un catálogo con precio, lo que se rompe no es solo la intimidad de esa foto puntual. Es el propio aprendizaje de qué es un vínculo y de qué es lo aceptable.

Ahí es donde el feminismo tiene mucho que decir. No como consigna, sino como herramienta: es el marco que permite nombrar esto como lo que es: violencia sexual digital, no una «travesura adolescente»; que conecta el caso aislado del Pellegrini con el mismo patrón repetido en Corea, en San Martín, en Nueva Jersey, y que insiste en que la responsabilidad no es de quien tiene una foto en su celular, sino de quien decide convertirla en mercancía. Resulta casi irónico, y no en el buen sentido, que la identificación con el feminismo entre las adolescentes esté cayendo justo cuando las herramientas para violentarlas se multiplican y se abaratan. Es precisamente a esa edad, y por estas razones, cuando más falta hace un marco colectivo que les diga que lo que les pasó no fue un error propio, ni una foto que «no debieron haberse sacado», sino una violencia con nombre y con historia.

Aprender que las mujeres se compran

Los chicos que pusieron precio a las imágenes de sus compañeras no inventaron la idea de que una mujer puede convertirse en catálogo.

La aprendieron en una cultura adulta que debate constantemente el «derecho de las mujeres a vender su cuerpo», pero casi nunca se pregunta por el supuesto derecho de los hombres a comprarlo.

Ahí está el centro del problema: la prostitución y la pornografía son industrias organizadas alrededor de una demanda mayoritariamente masculina y de una oferta formada principalmente por cuerpos femeninos. La desigualdad no es un efecto secundario. Es lo que hace funcionar el mercado.

OnlyFans ha modernizado y normalizado esta relación. Durante su ejercicio fiscal de 2024, los usuarios gastaron 7.220 millones de dólares en la plataforma a nivel mundial. OnlyFans retuvo aproximadamente el 20%, mientras que unos 5.780 millones correspondieron a sus 4,63 millones de cuentas creadoras.

Pero esa cifra global no significa que millones de mujeres se estén enriqueciendo. Repartida de forma uniforme, equivaldría a unos 1.248 dólares anuales por cuenta. Y ni siquiera ese promedio describe la realidad, porque mezcla perfiles casi inactivos con una pequeña élite que factura mucho.

OnlyFans no publica la mediana ni la distribución completa de los ingresos. Un análisis independiente estimó que el 1% de las cuentas concentraba el 33% del dinero y el 10% acumulaba el 73%. Es una estimación de 2020, no un dato oficial actualizado, pero otros análisis basados en los percentiles mostrados por la propia plataforma confirman una desigualdad extrema entre la cima y el resto.

La promesa publicitaria es que cualquier mujer puede convertir su imagen sexual en independencia económica. El resultado es que millones compiten por hacerse visibles, una minoría se enriquece y la plataforma cobra su porcentaje en todas las operaciones.

Los titulares se quedan con la creadora que ganó una fortuna. Las que expusieron su intimidad para obtener unos pocos cientos de dólares no suelen conceder tantas entrevistas.

No se democratizó la riqueza. Se democratizó la presión para convertir la propia sexualidad en mercancía.

La plataforma se presenta, además, como un espacio sin intermediarios donde cada mujer controla su contenido. Sin embargo, alrededor de ella ha crecido una industria de agencias de «gestión». Captan creadoras, administran sus cuentas, fijan estrategias, responden a los clientes haciéndose pasar por ellas y se quedan con porcentajes de sus ingresos.

No toda agencia es jurídicamente proxenetismo. Pero algunas reproducen con bastante precisión su lógica: un “gestor” recluta mujeres, dirige la comercialización de su sexualidad y obtiene beneficios de ella. Investigaciones periodísticas han documentado agencias que retenían grandes porcentajes, presionaban para producir contenidos más explícitos o impedían abandonar los contratos. En junio de 2026, la policía checa presentó cargos por trata de personas y explotación sexual organizada contra cuatro personas y una agencia («REACH OUT») que gestionaba cuentas en OnlyFans y otras plataformas, captando mujeres recién cumplidos los 18 años.

La prostitución digital también ha encontrado a sus emprendedores.

Esta normalización llega a los menores antes de que puedan analizarla críticamente. Un estudio con adolescentes españoles publicado en 2025 por investigadoras de la Universidad de Barcelona encontró que el 51,6% había consumido pornografía durante el año anterior y el 10,6% lo hacía diariamente. El mismo estudio encontró algo más directo, y menos cómodo: quienes consumían pornografía reportaban tasas más altas tanto de haber sufrido violencia sexual electrónica como de haberla ejercido sobre otros.

La pornografía no convierte automáticamente a cada menor en agresor. Pero puede convertirse en su educación sexual de hecho cuando no existe otra.

Distintos análisis de la pornografía más consumida han encontrado una presencia frecuente de bofetadas, estrangulamientos, tirones de pelo,insultos y otras formas de agresión, dirigidas principalmente contra mujeres. Sin consecuencias, convertidas en excitación y con mujeres que responden con placer o indiferencia.

El guión se repite. El deseo masculino impulsa la escena. El cuerpo femenino se adapta. El orgasmo del hombre marca el final. Y el deseo de la mujer se representa muchas veces como disponibilidad ilimitada o como disfrute del propio sometimiento.

La inteligencia artificial lleva esta lógica hasta su conclusión más cómoda. Ya ni siquiera hace falta que una mujer acepte participar. Basta con fabricar su cuerpo, copiar su cara o generar una figura femenina que no pueda poner límites.

Entonces aparece la coartada: «No se hace daño a nadie porque no es real».

La imagen puede ser sintética. La idea que transmite no lo es: las mujeres existen para ser observadas, modificadas y consumidas. Si una concreta no está disponible, se fabrica otra. Si no consiente, se elimina el consentimiento del proceso.

La asimetría de género no es una interpretación caprichosa. En la muestra estudiada por Security Hero en 2023, el 98% de los vídeos deepfake localizados era pornográfico y el 99% de las personas representadas en ellos eran mujeres. Los hombres aparecían con mayor frecuencia en montajes políticos o humorísticos. A las mujeres, la gran revolución de la inteligencia artificial les reservó otra innovación: desnudarlas sin preguntar.

La práctica ya ha llegado a las escuelas. En una encuesta de Thorn a 1.040 menores estadounidenses (2023), uno de cada diez afirmó conocer casos de compañeros que habían utilizado IA para fabricar desnudos de otros niños o adolescentes. Una encuesta posterior de la misma organización, hecha en 2024 sobre 1.200 jóvenes de 13 a 20 años, encontró algo todavía más filoso: uno de cada ocho adolescentes conoce personalmente a alguien que fue víctima de un desnudo generado con IA, y uno de cada diecisiete lo fue directamente. «¿Cuántos chicos hay en un aula de secundaria promedio? Eso significa un deepfake en cada aula», resumió la directora de investigación de la organización.

Y la escala está creciendo con rapidez. Los avisos recibidos por NCMEC sobre inteligencia artificial generativa y explotación sexual infantil pasaron de 6.835 durante el primer semestre de 2024 a 440.419 en el mismo periodo de 2025. Conviene leer ese salto con cuidado: una investigación posterior encontró que buena parte de esos avisos (unos 380.000) correspondían a un solo proveedor marcando material real y ya conocido, detectado al escanear sus propios datos de entrenamiento de IA, no contenido generado por una IA en sentido estricto. La cifra mezcla dos fenómenos distintos. Aun descontando eso, el crecimiento del resto es real y sigue siendo motivo de alarma.

En ese mismo semestre, la Internet Watch Foundation verificó 1.286 vídeos de abuso sexual infantil generados con IA. Un año antes había encontrado dos.

Decir que estas imágenes «no hacen daño a nadie» porque fueron fabricadas por una máquina exige ignorar demasiadas cosas: las fotografías reales utilizadas como materia prima, la humillación de las víctimas, la extorsión, la circulación imposible de detener y una cultura que sigue enseñando que el cuerpo de una mujer puede reproducirse, modificarse y consumirse sin su consentimiento.

No hay forma de cerrar bien esto

El catálogo del colegio no fue una anomalía tecnológica. Fue una imitación adolescente, brutalmente literal, del mercado adulto: cuerpos femeninos ordenados, personalizados y puestos a la venta.

Después nos escandaliza que hayan aprendido la lección.

No hay forma de cerrar bien esto. La próxima carpeta con nombres y precios ya se está armando en algún grupo de WhatsApp, en algún colegio que todavía no salió en los diarios.

Lo único que cambia, entre un caso y el siguiente, es si hay alguien cerca dispuesto a llamarlo por su nombre antes de que llegue a los titulares.